El presente documento pertenece al boletín interno unetense denominado: Unet - La universidad del futuro; el mismo permite hacerse una idea de los efectos sobre la Unet de la reciente decisión del TSJ donde se intervienen las elecciones de autoridades realizadas ya hace unos años.
Quienes formamos parte del Grupo de Reflexión UNET: La Universidad del Futuro, en reunión sostenida el pasado jueves 6 de Agosto, acordamos analizar las implicaciones que, para la vida de nuestra Universidad, tiene la reciente decisión del TSJ relativa a “notificar al Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y al Procurador General de la República, a fin de que contesten la solicitud de ejecución de sentencia planteada dentro de los tres días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de treinta (30) días continuos a los que alude el artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”. Esta decisión se vincula a la Ejecución Forzosa del 17 de Marzo de 2014, relativa a La sentencia del TSJ número 60 de fecha 14 de Mayo de 2014. En tal sentido, el Grupo de Reflexión Universitaria realizó las siguientes consideraciones:
En la práctica la referida decisión coloca de nuevo a la UNET en un estado de incertidumbre institucional, toda vez que la referida decisión la retrotrae a situaciones que se suponían superadas o al menos en proceso de revisión en cuanto a su legalidad y legitimidad. El estado de incertidumbre se crea cuando la decisión en cuestión provoca la posibilidad de que algunas de las actuales autoridades y decanos, pudieran ser relevados de sus cargos y en su lugar, se designarían a otras personas que no fueron electas según las reglas del juego electoral que rigió, en su oportunidad, el proceso de elección que determinó como resultado la escogencia, por parte de la comunidad unetense, de las actuales autoridades y decanos.
Consideramos que tal decisión vulnera la autonomía de la universidad en cuanto al derecho, históricamente conquistado, que tiene la propia institución de elegir sus autoridades en apego a las propias reglas de participación electoral que la UNET se dio para sí y que fueran, de hecho, aceptadas por el organismo que regula los procesos eleccionarios en el país como lo es el CNE, así como el propio MPPEUCT, toda vez que este último realizó la designación de las actuales autoridades electas, en respeto a las reglas de juego que ya habían sido aprobadas y que rigieron, como ya señalamos, el proceso de elecciones.
Esta decisión, de ser acatada por el MPPEUCT, establecería un peligroso precedente, dado que abriría efectivamente la posibilidad de que, una vez consumado un proceso eleccionario, legalmente realizado, como ocurrió en la UNET, los resultados sean, a posteriori, desconocidos mediante una decisión del TSJ. Con este proceder se estaría vulnerando, no solo la autonomía de la universidad, sino que, en franca violación al principio democrático de la participación protagónica de las comunidades, se estarían desconociendo las decisiones que la comunidad universitaria, en su conjunto, y en perfecta aceptación de las reglas del juego, materializó.
Advertimos acerca de las imprecisiones de la referida sentencia cuando en su texto se omite al Decanato de Investigación y a quien se le identifica como Decano de Postgrado no se corresponde con el genuino ocupante del mismo. Todo lo cual nos lleva a suponer que la sentencia contiene defectos que pueden afectar la posibilidad de su cumplimiento, si es que legalmente fuere lo procedente.
Respaldamos lo expresado por el Profesor Salvador González en su artículo La UNET en su Laberinto Parte I, publicado en nuestro Boletín Nº2 de Julio de este año, cuando en uno de sus párrafos señala: “…la inédita circunstancia que, hace poco menos de un año, encaró la UNET una vez conocida la decisión del TSJ; la cual, en resumen, ordena el cambio de las reglas de juego de un proceso eleccionario que se cumplió hace más de dos años, en apego a unas normas electorales creadas por la propia Universidad y cuyo proceso contó con el consentimiento del poder electoral, las autoridades universitarias y de la comunidad universitaria en general. Decisión que año y medio después se materializa, cuando el Ministro de Educación Universitaria designa a quienes resultaron ganadores en aquel proceso. Independientemente, si se estuviera de acuerdo o no con las características y naturaleza de las normas, éstas rigieron el proceso eleccionario el cuál contó con una masiva participación. Este hecho no deja dudas acerca de la legitimidad del mismo, aunque a posteriori el TSJ cuestione su legalidad; tema que puede ser objeto de importantes debates jurídicos, es decir, hay mucha tela qué cortar antes de que se diga la última palabra sobre este espinoso asunto. La extemporánea decisión respecto del acto electoral que comprometió la elección de nuestras autoridades, ha tenido como uno de sus efectos más visibles, el que se hayan desatado los adormecidos demonios de algunos actores de nuestra comunidad”.
Observamos con preocupación, cómo el gobierno nacional, utilizando las instituciones del estado, ha promovido un cerco a las universidades nacionales que no le son afectas. Así hemos visto cómo desde el ejecutivo, a través de la OPSU, se arroga para sí la facultad de asignar el 100% de los cupos para el ingreso de nuevos estudiantes a todas las universidades públicas de Venezuela, con lo cual, de hecho, se vulnera la autonomía universitaria cuando se anulan los procesos de admisión que, hasta ahora, habían sido manejados, parcialmente, por las universidades, ya que la OPSU se reservaba para sí el 30% del ingreso. Si esta decisión se le acompaña del mandato del TSJ en cuanto a la elección de autoridades universitarias, valorando el voto uno a uno, tendríamos que el ejecutivo se reservaría para sí, la posibilidad de controlar políticamente todas las universidades nacionales públicas, incluidas aquellas que hasta ahora no habían podido controlar. De imponerse este mecanismo la decisión de elegir las autoridades recaería exclusivamente en el voto estudiantil y de los egresados, en tanto que el voto de empleados, obreros y profesores, sería meramente simbólico. Con este proceder se aniquilaría, finalmente, la autonomía universitaria y asistiríamos a la muerte de la universidad que en la búsqueda de la verdad deba tener el derecho y el deber de pensar libremente, ser emancipadora y reserva moral e intelectual de la sociedad; terminaría siendo un apéndice del gobierno de turno y cuya función quedaría reducida a una simple agencia de titularización y de ideologización, a favor de una parcialidad política y no al servicio de la sociedad.
Invitamos a las autoridades a convocar la participación de todos los sectores de nuestra universidad: al movimiento estudiantil institucionalmente organizado, a la asociación de profesores, al sindicato de empleados y de obreros, así como a los distintos organismos que hacen vida universitaria y que están comprometidos con la UNET, para la realización de una importante movilización desde la discusión de esta tan grave situación, que pone en riesgo el presente y futuro de nuestra UNET. La lucha tiene que ser en favor de nuestra autonomía, de nuestros derechos y de nuestra dignidad como universidad y como universitarios. Del mismo modo convocar a la sociedad tachirense, a sus organizaciones gremiales, vecinales, comunales, pueblo organizado en general, para constituir un gran movimiento en defensa de nuestra UNET que tanto esfuerzo le ha costado al pueblo del Táchira crear y mantener.
Desde este grupo de reflexión ponemos a disposición de la UNET, nuestro mejor esfuerzo y talento para contribuir con las iniciativas institucionales que se emprendan en favor de la defensa de la dignidad de nuestra alma mater.
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